El Apoyo en Venta

Cuando una persona es elegida para ocupar un cargo público, lo hace en representación del porcentaje de la población que le ha votado.

Por lo tanto, cuando se vota una propuesta en una cámara de gobierno, su posición a favor o en contra de la misma tiene que estar en todo momento acorde con aquello que está representando.

Eso implica intrínsecamente la ILEGALIDAD de vender el apoyo a cualquier iniciativa.

Cuando un ciudadano vota a un determinado partido, lo hace en función de una propuesta pública por dicho partido de sus ideales. Por lo tanto esos ideales son fijos y preestablecidos, y no son susceptibles de cambiar a ningún precio. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre.

Los partidos minoritarios han descubierto que su único poder consiste justamente en exigir privilegios a cambio de su posición a favor de una determinada propuesta de los partidos mayoritarios. Lo hacen sin consultar a los ciudadanos y sin que el voto que dan refleje realmente ni su opinión personal, ni la de su partido, ni la de las personas que les votaron.

A veces, como ocurre con la mayoría de los partidos nacionalistas, lo que se persigue es la obtención de una serie de privilegios para la comunidad autónoma a la que representan. Otras veces, que es cuando la venta del voto se desvirtúa hacia límites inadmisibles, el voto final responde a la obtención de privilegios personales como pueden ser: dinero, enchufe directo a familiares, viajes con gastos pagados, y un larguísimo etcétera. Tanto como admita vuestra imaginación y más.

Cuando el partido que gobierna no lo hace con mayoría absoluta, los partidos minoritarios tienen claramente el poder, y son conscientes de ello. Esto debería fortalecer su pobre representación, pero en vez de eso, utilizan el enorme poder decisivo que tienen esos pocos escaños, para exigir medidas completamente inadmisibles a cambio del tan deseado y necesitado apoyo.

El problema, es que cuando un político acepta un cargo público, a través de un partido político y de unas elecciones, se establece un contrato moral vinculante con la población que votó y a la que representa. Esa persona se compromete a llevar a su escaño los ideales de ese porcentaje del pueblo. Cuando este pacto se rompe debido a la avaricia y al egoísmo, y el representando pone sus intereses personales por encima de aquellos a los que representa, se incurre en la ilegalidad.

Esta práctica tan común y que se practica, a sabiendas de los votantes y votados, en todos los estratos de la política española e internacional, debería estar altamente perseguida, y sus consecuencias deberían ser tan graves como son los hechos.

La democracia ideal exige que cuando un ministro/concejal/diputado o lo que sea propone una determinada medida, el total de ministros/concejales/diputados debe votar a favor o en contra con total sinceridad, sin rencores, oposición, odios entre partidos ni favoritismos. Eso parece ser que es imposible, y el daño que hace a la política hoy en día es incalculable.

El hecho de que una persona paralice la realización de determinadas medidas (y que tenga poder para hacerlo), mientras no consiga las condiciones que se atreve a exigir (con el único derecho de poseer un escaño), es una de las faltas más graves y de más necesaria reparación de los gobiernos actuales.

Todo político tiene pleno derecho a dar su opinión (pero ¡Ojo! Su SINCERA opinión, no su opinión comprada) sobre cada tema que se trate. Para evitar esta mala práctica de la política, deberían investigarse las “exigencias” que se hacen a cambio de un determinado apoyo, y que se hacen a la vista de todos y sin ningún tipo de remordimiento, disimulo o vergüenza.

El hecho de que un político sea votado para ocupar su cargo, no le da derecho a vender ese cargo al mejor postor. Porque, ¿qué garantía me da a mí como ciudadano el hecho de votar a alguien, si luego esa persona es capaz de venderse a sí mismo y a mí con él?

La venta del voto debe ser investigada, perseguida y castigada, puesto que según la lógica y la moral democrática es a todas luces ilegal. Una ilegalidad que ocurre todos los días en todas las ciudades españolas. Una ilegalidad practicada sin pudor delante de todos. Una ilegalidad capaz de parar un país, comunidad autónoma o ciudad. Una ilegalidad que hace un daño a España, difícil de imaginar e imposible de calcular.